Luis Villacís estuvo en la UA con la Plataforma

Este mes pudimos contar con la intervención de Luis Villacís, Director Nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD) de Ecuador, en el marco de las II Jornadas de Solidaridad que organiza el colectivo de la Plataforma de Ciudadanos por la República en la Universidad de Alicante, para explicar cuál es la situación que se está viviendo en aquel país a raíz de los hechos del pasado 30 de septiembre.

Villacís inició su intervención señalando la grave persecución de la que están siendo objeto dirigentes de la izquierda revolucionaria en Ecuador, y por la que el MPD ha tramitado ya una denuncia en Ginebra ante las instancias internacionales. Especialmente grave es el caso de Marcelo Rivera, joven dirigente de la FEUE, quien ha sido procesado por terrorismo, mediante falsas acusaciones, dentro de un ya largo proceso dirigido a acabar con la autonomía universitaria en el país, según explicó nuestro invitado.

Asimismo, el ex diputado ecuatoriano expresó la preocupación del MPD por las informaciones que han llegado a Europa, basadas en las comunicaciones oficiales, que tratan de presentar al gobierno de Correa como revolucionario y edificador del socialismo.

El Director Nacional del MPD situó los recientes acontecimientos en la crisis general en Ecuador y América Latina, países dependientes del imperialismo yanqui en los que se manifiesta la crisis (no sólo  económica, también política) con especial virulencia. Frente a esa realidad, cabe destacar la gran participación de los trabajadores y pueblos del Ecuador, en la línea de cuestionar esa dependencia; de ahí el derrocamiento de tres presidentes, que representaban los intereses del imperialismo, en los últimos años.

Así, si la dolarización decretada por J. Mahuad significó el aumento del coste de la vida y la disminución de los salarios, con la defenestración de Lucio Gutiérrez y su Sociedad Patriótica los partidos burgueses quedaron totalmente desprestigiados. Ante esta situación, Correa lidera un movimiento pequeñoburgués, pero, al adaptar el discurso de la izquierda, con sus reivindicaciones, se convirtió en una alternativa apartidista (los movimientos sociales lo son todo, según su discurso), pero en la línea del avance social y la soberanía nacional, y contra la corrupción. De acuerdo con la visión del MPD, esta situación es expresión de cómo la crisis política afecta también a los partidos de la izquierda, por cuanto no han podido liderar ellos la alternativa a los partidos lacayos del imperialismo.

El MPD apoyó a Correa frente a Noboa en la 2ª vuelta electoral, para desarrollar un programa democrático, contra la especulación y la corrupción, entendiendo que ello podía servir para avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas hacia el Socialismo. Igualmente, Correa recibió el apoyo de Pachakutik y los sindicatos. Con todo ello, tomó como propia la reivindicación de la Asamblea Nacional Constituyente, que pudo sustituir la Constitución neoliberal de 1998.

Pero, ya en los debates sobre la Constitución, Correa intentó echarse atrás en los planteamientos que le habían aupado al poder: el cierre de la base de Manta, la soberanía sobre el mar, jubilación para los maestros (reivindicada por éstos con huelgas de hambre), educación gratuita (movilización FEUE)… Estaba presente ya, asimismo, la tercerización laboral (es decir, la contratación de mano de obra a través de terceros, a la manera de las ETT en España), que, a pesar de haber sido prohibida por la Asamblea Nacional Constituyente, hoy quiere plantearse de nuevo.

Con todo, se logró elaborar una Constitución democratizadora y progresista que, entre otras cosas, reconoció el agua como derecho humano, de acuerdo con la pretensión de los indígenas de que no fuera privatizada. Obviamente, la derecha se mostró hostil a la nueva Carta Magna. Por su parte el MPD, de nuevo por principios, sin necesidad de negociar con Correa, apoyó el sí a la Constitución, que fue aprobada por el 68% de los ecuatorianos. En lo sucesivo, sin embargo, Correa pasó a violar la Constitución, al regular sus principios con leyes que la contrarían.

Ejemplo de ello es la Ley de aguas, que garantiza el negocio a una gran empresa de Guayaquil, y contra la que se han llevado a cabo grandes acciones, incluyendo un levantamiento indígena que fue duramente reprimido: para ello, Correa no dudó en acusar a las organizaciones implicadas de sabotaje y terrorismo, desempolvando un decreto de la dictadura de 1974, que ni siquiera los gobiernos neoliberales se atrevieron a aplicar.

La Ley de Educación Superior, por su parte, busca regular las Universidades, atacando la autonomía universitaria y limitando su capacidad investigadora. En este campo, Correa determinó la detención de Marcelo Rivera, que fue acusado de terrorismo junto a 150 dirigentes de la izquierda y de la CONAIE.

En cuanto a la Ley de hidrocarburos, fue tramitada como proyecto de ley de carácter económico urgente para asegurar las concesiones petroleras a empresas extranjeras (lo cual había sido calificado por Correa con anterioridad como «traición a la patria») sin concurso: fueron beneficiarias empresas de Corea del Sur y China, así como la venezolana PDVSA y la brasileña Petrobras. Estas empresas, salvo PDVSA, están participadas por capital de las multinacionales. Así, mientras tres millones de ecuatorianos se ven obligados a trabajar en el extranjero, el gobierno de Correa ha puesto más de 220.000 millones de dólares en petróleo a disposición del capital exterior, contraviniendo la nueva Constitución, según la cual los recursos naturales no renovables son propiedad inalienable del Estado.

Pero aún hay más: la Ley de Educación significó la congelación y reducción de los sueldos de los maestros, así como la consagración de la evaluación punitiva de estos trabajadores públicos, que en realidad perseguía despedir a 220.000 funcionarios para sustituirlos por afines a Correa. Durante la huelga general de maestros que siguió a estas medidas, fue asesinado un maestro indígena por la policía, tras lo cual el Gobierno tuvo que retroceder. Correa amenazó con levantar un sindicato alternativo a la UNE, el principal sindicato de enseñantes, pero no ha sido capaz de cumplir su amenaza. No obstante, ha eliminado la cuota sindical, para ahogar a la UNE, por lo cual ha sido reprendido por la OIT; pero ha persistido en su empeño, porque quiere eliminar el sindicato. En contraste con esta situación, hay 5.000 escuelas públicas cerradas y más de 6.000 que permanecen como unidocentes; y sólo se han creado 2.000 plazas de profesores, de las 12.000 prometidas (se estima que son necesarias 20.000).

La Ley Minera se ha traducido en concesiones en Zamora-Chinchipe a empresas canadienses, de EEUU y de China. Por eso, el Gobierno no dudó en emprender una brutal represión, con 3.000 efectivos, para desalojar a los mineros artesanales y entregar esas concesiones.

Todas estas medidas, desde luego, ilustran el viraje de Correa, su derechización y  su sometimiento a la política del imperialismo, sintetizó Villacís. Y a eso se suman 100 millones de dólares anuales para participar en el Plan Colombia, con 14.000 soldados en la frontera para hacer la pinza con las tropas colombianas y estadounidenses contra la guerrilla.

Ahora bien, para mantener su base social, Correa sigue una política asistencialista (propia del Banco Mundial), repartiendo bonos a los pobres por 35 dólares, cuando la cesta básica se estima en 600, así como 200.000 bonos para la vivienda. El problema es que el Gobierno necesita financiación, mediante préstamos, para mantener esa base social.

Es en este contexto en el que se produjeron los vetos presidenciales a la Ley de Servicio Público, que garantizaba los salarios y la estabilidad en el puesto de trabajo: ciento ocho diputados votaron a favor de la ley, por lo que Correa amenazó con aplicar la “muerte cruzada” (facultad del presidente para disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones). Junto a eso, aplicó el veto, a pesar de que esa ley no había llegado a discutirse. Como resultado, a partir de los 65 años ya no se puede mejorar el salario, y tampoco se permite ya la jubilación voluntaria a los 70, sino que ésta es obligada, pero se pretende pagar la pensión mediante unos bonos cuyo valor dependerá de su cotización en Bolsa. También revisó las remuneraciones, condecoraciones y bonificaciones a la policía. Era el 29 de septiembre.

Villacís explicó que, en el Ecuador, la policía y las fuerzas armadas siempre han estado vinculadas a las acciones de las masas. En esta ocasión, con los disturbios del día 30, pedían el respeto de los aspectos vetados por el presidente y que la cúpula fuera elegida por la propia policía. Por primera vez este cuerpo tiene derecho al voto, y por tanto, a la resistencia, tal y como reconoce el artículo 98 de la Constitución.

Pocos días después de las protestas, Correa decretó el reconocimiento de esas demandas de la policía, indicó el dirigente del MPD, quien definió los hechos del día 30 como una sublevación policial en busca de una reclamación salarial, no un golpe de Estado. Villacís recordó que, en el caso de las Fuerzas Armadas, el ministro cedió y arregló las cosas; pero, con la policía, Correa aprovechó para difundir la idea del golpe, a pesar de que fue capaz de emitir un decreto de excepción (cuando supuestamente estaba secuestrado) y de que mantuvo el control de los medios. De hecho, señaló nuestro conferenciante, el Secretario de la Administración Pública mismo desmintió que hubiera una convulsión social, y la calificó de reclamaciones salariales. También la ministra Doris Solís negó el golpe ante la CNN, igual que el Ministro de Turismo. Pero, aunque el bloque parlamentario del MPD y Pachakutik planteó revisar, la misma tarde del 30, la Ley de Servicio Público, y a pesar de que así lo solicitó también el Jefe de las Fuerzas Armadas, una vez controlada la situación en el ejército, Correa siguió en sus trece, ordenando el asalto al Hospital, que provocó unos 20 muertos y 300 heridos. Posteriormente, el director de la institución negó el secuestro, por lo que ha sido detenido por sabotaje, terrorismo e intento de asesinato del presidente, indicó el Director Nacional del MPD. De hecho, a pesar de que Correa controla todas las funciones del Estado, el 60% de la población niega que hubiera un golpe.

Pese a tales evidencias, pasó a explicar Villacís, el presidente ha aprovechado para lanzar una auténtica ofensiva contra la izquierda revolucionaria: así, M. Zamora (presidenta de la UNE) ha sido acusada, en coincidencia con el proceso electoral en la UNE; también el vicepresidente de la FEUE y otros cargos de la UNE, así como el rector de la Universidad de Cotopaxi y la dirigente de Pachakutik L. Tibán, entre un total de unos 300 represaliados.

Todo lo apuntado, indicó Villacís, se suma a un Código de la Producción que busca exonerar de cargas fiscales a empresarios nacionales y extranjeros, mientras se congela los salarios y continúa el endeudamiento del Ecuador con empresas chinas y de EEUU, para lo cual el presidente aprobó una ley que permite aumentar el endeudamiento del Estado hasta el 40 % del PIB, hipotecando su futuro, pues también está entregando los recursos naturales del país. De ahí que el MPD considere que Correa ha traicionado el proyecto de cambio que ofreció en 2006 y 2009, con el apoyo de la izquierda y las clases populares, para someterse ahora al imperialismo. Pero eso, advirtió Villacís, no detendrá la lucha de los pueblos del Ecuador.

Compañeros gallegos entrevistan a Luis Villacís en Vilagarcía

Entrevista en vídeo realizada este mes en Ginebra

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Blog de REPUBLICANOS (RPS) Alacant. Noticias, comunicados, propuestas, convocatorias y reflexiones desde el republicanismo de izquierdas. Por el Frente Popular para la ruptura con el régimen monárquico.
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