Urge parar los ataques contra los servicios públicos y apoyar la HUELGA GENERAL del sector público y las movilizaciones del 8 de junio en DEFENSA DE UNOS SERVICIOS QUE SON DE TODOS ¡NO A LOS RECORTES!
MANIFESTACIÓN
APLICACIÓN DE
LA LEY DE DEPENDENCIA ¡YA!
SÁBADO 5 DE JUNIO, 19’00 h.
EXPLANADA CRUCE CON RAMBLA, ALICANTE
Por unos Servicios Públicos de calidad:
¡No a los recortes!
Hoja sobre la dependencia nº 2
Tres años después de su aprobación, la Ley de Dependencia apenas es una realidad para los valencianos, hasta el punto de que 13.000 personas han fallecido sin recibir las ayudas que les pertenecían. Pero, más allá de los retrasos y abusos propiciados por la Generalitat, lo cierto es que el Gobierno central debería establecer cómo corregir las enormes desigualdades entre las Comunidades. De los informes elaborados por el Grupo de Expertos formado por el Gobierno para analizar el desarrollo de la ley, se desprende: 1) las diferencias entre las Comunidades en los criterios para valorar los grados de dependencia; 2) el excesivo hincapié en las transferencias de fondos a las familias(para que cuiden a las personas con dependencias), en lugar de desarrollar los servicios domiciliarios y otros de carácter público; 3) la restringida definición de casos de dependencia, que no incluye las condiciones mentales; y 4) la disparidad en el desarrollo de la Ley entre las Comunidades (entre las que destacan Canarias, Murcia, Madrid y País Valenciano por su enorme retraso).
El último recorte antisocial del Gobierno central aprobado en mayo de 2010 impone, entre otras medidas reaccionarias que afectan negativamente a TODOS los trabajadores, nuevas trabas al cobro de las ayudas a la Dependencia, mientras que lareducción del gasto hará aún más difícil que se levante un sistema público de asistencia a los enfermos y sus familiares.
El retraso en la implantación de la Ley, la lentitud y confusión del funcionamiento administrativo, la falta de transparencia… son problemas que se enmarcan dentro de uncontexto generalizado de degradación de los servicios públicos y su privatización, lo cual constituye una de las líneas centrales de la política del PP en la Generalitat Valenciana y allí donde gobierna, muchas veces ayudado por la pasividad, cuando no con el apoyo explícito, del PSOE (recordemos la Ley de Sanidad 15/97). Así, es improbable, y más aún mientras arrecia la crisis económica (y la consiguiente búsqueda de negocio por parte de sus amigos empresarios), que el equipo de Camps vaya a cambiar de rumbo en sus políticas sociales. De hecho, el mencionado informe defiende que se extienda la financiación privada (incluyendo los seguros privados y el copago) de los servicios para dependientes, limitando la financiación pública a «corregir los fallos del mercado».
Pero también el Gobierno central se lanza a reducir el gasto público, mostrando que los dogmas neoliberales no son exclusivos de Camps y Cía. Por eso, una vez más, debemos recordar e insistir en que la calidad de los servicios financiados y gestionados por el sector privado siempre es menor que el de estos servicios cuando son públicos. Y es así porque, para incrementar sus beneficios, las empresas contratan personal menos cualificado (más barato), disminuyen el número de profesionales cualificados (enfermeras, por ejemplo) y seleccionan a los pacientes, excluyendo los casos más complejos y que requieren mayor atención, que desvían al sector público. Es más, en medio de una crisis económica que destruye empleo sin cesar, la Ley de Dependencia podría tener un importante impacto en la creación de puestos de trabajo estable y de calidad y, por tanto, en la recuperación económica general. La política contraria, la privatización, sólo pretende asegurar los beneficios de unos pocos y recortar los servicios que necesitan las clases trabajadoras.
Por todo ello, consideramos que es vital luchar por los servicios públicos. Es fundamental promover y articular la unidad entre los diferentes sectores sociales movilizados: Plataformas de defensa de los Servicios Públicos (educativas, sanitarias, sobre dependencia, etc.), sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y culturales…, para forzar medidas que beneficien los Servicios Públicos en general. Van a ser necesarias más movilizaciones, ya que la defensa de lo público interesa a las clases trabajadoras y no son estos derechos los que defienden el Banco de España, la Unión Europea, el FMI, la OCDE ni los Gobiernos que les obedecen. Frente a los intentos de convertir los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales…) en un negocio más, en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, debemos seguir trabajando paraunificar todas estas demandas hasta conseguir parar los ataques de especuladores y corruptos con tra unos servicios que son de todos. En ese sentido, es necesario apoyar la próxima HUELGA GENERAL del sector público y las movilizaciones del 8 de junio en DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE SON DE TODOS: ¡NO A LOS RECORTES!.
Plataforma de Ciudadanos por la República– PV
MUP-Republicanos
Miembros de la Coordinadora Municipal Republicana
REPUBLICANOS Alacant 