Sábado 19 de diciembre, Alacant: Movilización por la Ley de Dependencia. Por unos Servicios Públicos de calidad
Tres años después de su aprobación,la Ley de Dependencia apenas es una realidad para los valencianos, hasta el punto de que 13.000 personas han fallecido sin recibir las ayudas que les pertenecían.
Concentración/Manifestación por la Ley de Dependencia
Fecha y hora: Sábado 19 de diciembre, a las18:00 h.
Lugar: Alicante. Estación de RENFE hasta Delegación del Gobierno
Por unos Servicios Públicos de calidad
Tres años después de su aprobación,la Ley de Dependencia apenas es una realidad para los valencianos, hasta el punto de que 13.000 personas han fallecido sin recibir las ayudas que les pertenecían. Pero, más allá de los retrasos y abusos propiciados por la Generalitat, lo cierto es que el Gobierno central debería establecer cómo corregir las enormes desigualdades entre las Comunidades. De los informes elaborados por el Grupo de Expertos formado por el Gobierno para analizar el desarrollo de la ley, se desprende: 1) las diferencias entre las Comunidades en los criterios para valorar los grados de dependencia; 2) el excesivo hincapié en las transferencias de fondos a las familias (para que cuiden a las personas con dependencias), en lugar de desarrollar los servicios domiciliarios y otros de carácter público; 3) la restringida definición de casos de dependencia, que no incluye las condiciones mentales; y 4) la disparidad en el desarrollo de la Ley entre las Comunidades (entre las que destacan Canarias, Murcia, Madrid y País Valenciano por su enorme retraso).
Así pues, después de estos tres años de vigencia de la Ley de la dependencia, y frente a las administraciones responsables de su desarrollo, DENUNCIAMOS:
-Retraso en su implantación: en especial, la resolución sobre los grandes dependientes, que debería haberse concluido en el 2007.
-Lentitud y confusión del funcionamiento administrativo. Es frecuente la pérdida de expedientes, la exigencia repetitiva de documentación ya presentada y la privatización sin control de los servicios.
-Falta de transparencia, con una gestión en absoluto participativa.
Esta situación se enmarca dentro de un contexto generalizado de degradación de los servicios públicos y su privatización, lo cual constituyeuna de las líneas centrales de la política del PP en la Generalitat Valenciana y allí donde gobierna, muchas veces ayudado por la pasividad, cuando no con el apoyo explícito, del PSOE (recordemos la Ley de Sanidad 15/97). Así, es poco probable, y más aún mientras arrecia la crisis económica (y la consiguiente búsqueda de negocio), que el equipo de Camps vaya a cambiar de rumbo en sus políticas sociales tan fácilmente. Pero también el Gobierno central se va a ver presionado por la patronal y por la Unión Europea para reducir el gasto público, máxime cuando se pone en duda la fiabilidad de la Deuda pública y mientras los principales países (Francia, Alemania) empiezan a salir de la recesión.
De hecho, el mencionado informe del Grupo de Expertos también se refiere a la financiación del sistema de dependencia, defendiendola extensión de la financiación privada (incluyendo los seguros privados y el copago) de los servicios para dependientes y limitando la financiación pública a «corregir los fallos del mercado». Vemos, pues, que los dogmas neoliberales no son exclusivos de Camps y Cía. Por eso, una vez más, debemos recordar e insistir en que la calidad de los servicios financiados y gestionados por el sector privado siempre es menor que el de estos servicios cuando son públicos. Y es así porque, para incrementar sus beneficios, las empresas contratan personal menos cualificado (más barato), disminuyen el número de profesionales cualificados (enfermeras, por ejemplo) y seleccionan a los pacientes, excluyendo los casos más complejos y que requieren mayor atención, que desvían al sector público. Es más, en medio de una crisis económica que destruye empleo sin cesar, la Ley de Dependencia podría tener un importante impacto en la creación de puestos de trabajo estable y de calidad y, por tanto, en la recuperación económica general.
Por todo ello, consideramos que lo más duro de la lucha por los servicios públicos prácticamente acaba de empezar. Es fundamental promover y articular la unidad entre los diferentes sectores sociales movilizados: Plataformas de defensa de los Servicios Públicos (educativas, sanitarias, sobre dependencia, etc.), sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y culturales…, para forzar medidas que beneficien los Servicios Públicos en general. Todo parece indicar que van a ser necesarias más movilizaciones, ya que la defensa de lo público interesa a las clases trabajadoras y no son estos derechos los que defiende la derecha en el poder. Frente a los intentos de convertir los servicios públicos (la educación, la sanidad, los servicios sociales…) en un negocio más, en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores, debemos seguir trabajando para unificar todas estas demandas hasta conseguir parar los ataques de especuladores y corruptos contra unos servicios que son de todos.
Plataforma de Ciutadans per la República– PV
MUP-Republicanos
Miembros de la Coordinadora Municipal Republicana