Hoja sobre la educación pública nº 7
Es posible desvincular el movimiento social de la política? De ninguna manera. Cuando la izquierda renuncia a plantear sus principios, el debate social es copado por las propuestas de la derecha.
Las derechas han intentado siempre desprestigiar las movilizaciones populares acusándolas de estar «manipuladas» o «politizadas». Por desgracia, también en nuestro campo hay quienes asumen parcialmente esos mensajes y temen que se asocie los movimientos populares (como la defensa de la educación pública) con posiciones políticas. A algunos les preocupa particularmente (¡a estas alturas!) que se vean banderas republicanas: allá cada cual con su «lealtad institucional» o con su falta de memoria histórica. El problema es que, si prestamos oído a estas acusaciones, pueden oscurecer el debate central: la tabla reivindicativa que hemos asumido y defendemos unánimemente.
¿Es posible desvincular el movimiento social de la política? De ninguna manera. Cuando la izquierda renuncia a plantear directamente, en las luchas sociales, sus principios de progreso, justicia y equidad, entonces el debate social es copado por las propuestas políticas de la derecha. Valga como ejemplo el Pacto Educativo que se está cocinando entre PP y PSOE: curiosamente, aquí no se alude a la «politización», sino a la «responsabilidad» y al «pacto de Estado». Sin embargo, lo que está ocurriendo realmente es que el Gobierno está asumiendo las posiciones educativas conservadoras, que han tomado así la iniciativa, centralizando el debate.
Por otra parte, las reivindicaciones de la comunidad educativa, las propuestas de las Plataformas, ¿constituyen una lucha política? Creemos que sí. Claro que son importantes, por sí mismos, las infraestructuras, que se cubra las bajas de profesores, etc. Pero no se nos escapa que todo ello responde a una determinada concepción ideológica (y a su concreción política) de lo que debe ser la educación pública. Y necesitamos una determinada política educativa, basada en principios progresistas, laicos y democráticos, que por tanto considere la educación pública como un derecho, y no como subsidiaria de empresas privadas, como pretende la Generalitat.
Cuando, como en Alicante, se fomenta la «libre elección de centro», lo que se está promoviendo en realidad es una opción política: la selección del alumnado por parte de la educación concertada, en beneficio de sus intereses privados y en detrimento de la pública. Por esa misma opción política, muchos centros no han recibido un euro para calefacción en meses, y la Conselleria ha rechazado fondos para adquirir ordenadores y para incrementar la red de escuelas infantiles. Política es también la ofensiva autoritaria y represiva de Conselleria, con amenazas a los equipos directivos, la utilización política de inspectores puestos a dedo y expedientes contra quienes, como José Luis (Monforte) y José Ramón (Elx), hacen frente a sus desmanes. La Conselleria, en fin, ha convertido en papel mojado sus propias leyes: la gestión democrática de los centros, la formación de ciudadanos críticos y autónomos, la promoción del valenciano…
Siendo así, parece obvio que la defensa de la educación pública no sólo es un problema social, sino una cuestión política de primer orden; por tanto, sólo se podrá resolver desde posiciones políticas. Estamos respondiendo a la política fascistona, clerical y privatizadora de Conselleria con propuestas de progreso, democracia y participación, porque nuestra política es la defensa del sistema educativo público, igual que defendemos el carácter público de las pensiones, la sanidad, el transporte, Correos y RTVE. De hecho, si la Generalitat se niega a asumir la dimisión de Font de Mora es porque ésta es una propuesta política que amenaza su edificio de mentiras e impunidad.
Ahora bien, si se trata de no “politizar”, en el sentido de poner las organizaciones políticas al servicio del movimiento por la educación pública y no al contrario; de evitar todo intento de capitalizar el movimiento en beneficio de unas siglas; de resaltar lo que nos une, como hasta ahora, respetando las posiciones de cada uno, no podemos estar más de acuerdo. Y, para eso, es fundamental que se impliquen aún más las asociaciones, centros, grupos de profesores, organizaciones estudiantiles y todos los interesados en trabajar por una educación pública de calidad, laica, gratuita, integradora…; que nos ayuden a hacer crecer las plataformas por la educación pública, dinamizarlas, darles presencia en todos los centros; que traigan nuevas propuestas de debate, de trabajo y de movilización. Y es obligación de las Plataformas facilitar aún más esta participación popular y la coordinación, para concentrar todo el esfuerzo y la imaginación que padres, madres, profesores y alumnado estamos desplegando frente al esperpento de la Conselleria. Así podremos plantear y preparar la nueva jornada de huelga educativa que Font de Mora y sus secuaces están pidiendo a gritos.
Plataforma de Ciudadanos por la República-PV
MUP-Republicanos
Miembros de la Coordinadora Municipal Republicana
REPUBLICANOS Alacant 