Proper dissabte 21 de gener la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic convoca dues manifestacions a les 6 de la vesprada: a ALACANT, amb eixida des de les escales de l’IES Jorge Juan; i a VALÈNCIA, amb exida des de la Plaça de S. Agustí. Republicans fa una crida a les treballadores i treballadors de l’ensenyament públic valencià i a la ciutadania per sumar-se a les mobilitzacions en defensa de l’educació pública i fer front a les agressions contra els serveis públics. VINE I PARTICIPA! [llegiu més avall el full de REPUBLICANOS per a la convocatòria]
Como ya anunciábamos el pasado diciembre, a partir del discurso de investidura de Rajoy se ha acelerado el desmantelamiento de los servicios públicos por parte de los diferentes gobiernos. Como también era de esperar, la Generalitat Valenciana, campeona del despilfarro, se ha lanzado aplicadamente a la tarea y ha decretado un recorte de 1.000 millones el pasado 5 de enero que ataca de forma brutal a los empleados públicos, y en particular al personal interino, que en el caso de los profesores tendrá que sobrevivir durante el verano como mejor pueda, y a la espera de que les adjudiquen unas sustituciones que ya hace tiempo que vienen recortándose. Esta medida afectará a unos 8.000 trabajadores y sus familias.
Pero no se trata sólo de una cuestión salarial: la Generalitat ha decidido que las bajas por enfermedad no deben pagarse en su totalidad (respondiendo a la idea que tienen del personal público), que la antigüedad debe ser definitivamente desterrada y que se debe reducir el gasto también en Sanidad (440 millones, incluidas las medidas privatizadoras).
Ahora, el Gobierno de Rajoy se ha lanzado al rescate y plantea un adelanto de 420 millones para sus amigos de la Generalitat, a cambio de los servicios prestados para auparle al poder; es lo que tiene promover la manipulación informativa, el clientelismo, los pelotazos y las privatizaciones. La intención es clara: pretenden desmovilizar a la creciente masa social que está sufriendo las consecuencias de los recortes: en educación, en la sanidad, en la justicia y en los servicios sociales. Quieren que la lucha se quede exclusivamente en una reivindicación por los derechos laborales de los trabajadores públicos, los más fuertes sindicalmente, para así aislarlos y empeorar sus condiciones de trabajo (y la calidad de los servicios públicos), apoyándose en los prejuicios que los sucesivos gobiernos han ido inoculando en la población contra lo público y sus empleados. Inmediatamente después, empezarán con los trabajadores del sector privado (véase la reforma laboral en ciernes).
La otra gran medida propuesta por el Gobierno (central, en este caso) es el castigo penal a quienes incumplan los presupuestos, siguiendo la estela de la reciente reforma constitucional del PP-PSOE: no se trata de penar el despilfarro, ni por supuesto la corrupción (que no está tampoco entre las prioridades de los nuevos responsables de la Policía, según ellos mismos); lo que pretenden es impedir, en el futuro, que se pueda resolver las necesidades de la población por otra vía que no sea la privatización, con sus consecuencias conocidas de precariedad laboral y bajos salarios.
Y, mientras tanto, se les llena la boca de los problemas que sufren ¡los centros concertados! (a los que les aseguran pagos y suelo), los proveedores y las empresas, mezclando a autónomos con constructoras y multinacionales sanitarias para engañar a los ciudadanos sobre los intereses que realmente están defendiendo los diferentes gobiernos. Ese es el bienestar que ellos aseguran: el de la gran empresa y, por supuesto, la Iglesia católica, que recibe anualmente 4.600 millones, sólo en el sector educativo. ¡Ese sí sería un buen recorte!
Sin embargo, estas maniobras poco van a poder frente a la situación real de los servicios que pagamos entre todos (los trabajadores más que el capital, como denuncian los propios técnicos de Hacienda): la acumulación de impagos, el recorte de las becas y comedores, la privatización de la Infantil y el Bachillerato, el deterioro de la FP y la Universidad, el fracaso escolar, el paro que están produciendo y, en consecuencia, el descenso del consumo, van a seguir generando descontento y movilización. Ahora toca emplearse a fondo y dar los pasos adecuados para seguir acumulando fuerzas, para reunir a todos los ciudadanos afectados, que somos la mayoría, en torno a la defensa de lo público y de sus trabajadores, para exigir que paguen los corruptos, los defraudadores y los capitales que siguen beneficiándose de la crisis.
Asociaciones, sindicatos, partidos y todo aquel que esté dispuesto, debemos poner todo el empeño en denunciar las mentiras y superar la resignación.
¡Defendamos los intereses de la mayoría trabajadora!
¡Defendamos los Servicios Públicos!
REPUBLICANOS Alacant 
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